La Policía Nacional del Perú emitió el 25 de agosto de 2025 una resolución que establece la reserva por cinco años de toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema Integrado de Denuncias Policiales (SIDPOL) y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC).

La justificación oficial se centra en evitar que la difusión de esta información entorpezca las investigaciones que se encuentran en etapa policial.

Sin embargo, el texto amplio de la norma y la ausencia de excepciones específicas puede generar un impacto en el acceso ciudadano a estadísticas públicas de seguridad.

La resolución abarca los registros contenidos en las bases de datos que alimentan las investigaciones policiales.

Según documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, la información clasificada incluye datos personales de denunciantes, denunciados y testigos, así como detalles sobre hechos delictivos, ubicaciones, modus operandi, armas utilizadas, vehículos involucrados, archivos adjuntos como fotografías y partes policiales, estado de las denuncias y medidas adoptadas.

Esta clasificación aplica tanto para denuncias en curso como para casos ya cerrados. La PNP justifica esta amplitud argumentando que dicha información continúa siendo insumo relevante para labores de prevención e investigación criminal.

El problema es que el texto de la norma no menciona específicamente términos como «datos abiertos», «Observatorio Nacional» ni «indicadores», tampoco establece una lista de excepciones que delimite con precisión su alcance. La redacción apunta a los registros sin distinguir entre información individual de casos específicos y estadísticas agregadas.

La resolución no ordena automáticamente el cierre del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana ni la suspensión de sus indicadores agregados por mes, región o tipo de delito. De hecho, hasta la fecha de publicación de este reportaje es posible acceder a estos datos en los portales oficiales.

Cabe resaltar que las estadísticas que publica el Observatorio no revelan identidades de personas ni detalles de expedientes específicos, limitándose a presentar tendencias generales de criminalidad.

No obstante, si alguna oficina decidiera retirar estas estadísticas basándose en la resolución, debería explicar específicamente el porqué la publicación de esos indicadores entorpece una investigación concreta.

Las estadísticas públicas sobre delincuencia permiten a la ciudadanía monitorear políticas públicas y contrastar declaraciones oficiales sobre la evolución de delitos como extorsión, homicidios, robos, hurtos y estafas.

«La Viñeta» han utilizado estos datos para verificar afirmaciones del Ministro del Interior y para revelar información relevante, como el hecho de que el 30% de los detenidos por extorsión terminan en prisión.

La pérdida de acceso a estas estadísticas representaría la eliminación de una herramienta básica de control y supervisión ciudadana sobre las políticas de seguridad pública implementadas por el Estado.

Puedes acceder a los documentos que sustentan esta resolución aquí.