El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó la desactivación de cuatro equipos especiales de investigación que venían procesando algunos de los casos más complejos y sensibles del sistema judicial peruano. 

Esta decisión afecta investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos y múltiples casos de corrupción de alto nivel que estaban bajo competencia de equipos especiales.

Si bien formalmente los casos no se archivan y continuarán siendo investigados por otras instancias fiscales, la desarticulación de equipos especializados genera riesgos de demoras procesales y discontinuidad en estrategias de investigación que pueden comprometer la efectividad de los procesos.

Equipo de víctimas de protestas sociales (2022–2023)

Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales se encargaba de investigar posibles violaciones de derechos humanos y eventuales crímenes de lesa humanidad vinculados a las protestas sociales que se produjeron durante el período 2022-2023 y en manifestaciones posteriores.

En este caso, tenía bajo su competencia la investigación de los hechos que resultaron en fallecimientos, lesiones graves y presuntos excesos en el uso de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares durante el control de manifestaciones en la gestión de Dina Boluarte.

La Defensoría del Pueblo registró 67 personas fallecidas en el periodo de estas protestas, muertes que requerían investigaciones rigurosas para determinar responsabilidades individuales e institucionales.

Cuellos Blancos del Puerto

El segundo equipo desactivado es el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto, e investigaba la red de corrupción del mismo nombre.

Estas investigaciones involucran a magistrados, fiscales, funcionarios judiciales y operadores del sistema de justicia en prácticas de venta de sentencias, tráfico de influencias y otros delitos que comprometieron la integridad del Poder Judicial.

En 2020, un informe de la Procuraduría Anticorrupción detalló que este caso involucra a 76 magistrados investigados por su presunta participación en la red de corrupción.

Ahí también se señala alta incidencia de tráfico de influencias y cohecho en las investigaciones relacionadas al caso.

Dentro de ella, se encontraba investigado el actual Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aunque él ha negado todas las acusaciones.

Lava Jato (Odebrecht)

El tercer equipo desactivado es el Equipo Especial de Fiscales de dedicación exclusiva a investigaciones vinculadas al Caso Lava Jato. Una compleja red de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht —y otras constructoras— para obtener contratos de obras públicas y financiar irregularmente campañas políticas.

Estos casos incluyen investigaciones sobre la Carretera Interoceánica Sur vinculada al gobierno de Alejandro Toledo, el Gaseoducto Sur Peruano asociado al gobierno de Ollanta Humala, y múltiples contratos de obras públicas en gobiernos regionales y locales donde se presume pago de coimas.

El caso Lava Jato es considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente del Perú. Cuenta con implicancias que alcanzan a expresidentes, exministros, congresistas, funcionarios regionales y empresarios. 

El EFICCOP y los casos de alta complejidad

La cuarta desactivación afecta al Equipo Especial Fiscalía contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). Este tenía bajo su competencia múltiples casos de corrupción de alto nivel en distintos sectores del Estado.

Con la caída del EFICCOP se ven afectados casos emblemáticos como los Asesores en la Sobra, caso relacionado con la influencia de asesores no oficiales en decisiones de poder durante el gobierno de Pedro Castillo

O el caso de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, sobre el presunto uso irregular de información tributaria y tráfico de influencias.

Las consecuencias de la desactivación

Si bien formalmente los expedientes no se archivan y continúan vigentes, la desactivación de equipos especiales puede generar consecuencias.

Los fiscales que venían manejando los casos son reemplazados por otros que deben familiarizarse con expedientes que pueden incluir miles de páginas de documentación, testimonios múltiples y líneas de investigación diversas.

Este proceso de transferencia consume tiempo y puede generar pérdida de continuidad estratégica.