Es falso que la ley de amnistía excluye a condenados con pruebas fehacientes
El congresista Jorge Montoya afirmó que los sentenciados y condenados con pruebas no recibirán amnistía bajo su proyecto de ley. Sin embargo, esta información es falsa.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
A través de una publicación en X, Jorge Montoya, congresista por Honor y Democracia, defendió la ley de amnistía para militares y policías que participaron durante el periodo de violencia política entre 1980 y 2000.
En dicho contexto, afirmó lo siguiente: «La ley de amnistía no está hecha para beneficiar a ningún sentenciado por delitos con pruebas fehacientes […] No se aplica a quienes han sido condenados por casos que cuentan con evidencia directa, contundente y judicialmente ratificada […]. No exonera a los culpables».
«La Viñeta» revisó el texto del proyecto de ley —aprobado en segunda votación el 9 de julio de 2025—. Y tras la revisión, se determinó que la afirmación proporcionada por el congresista Montoya es falsa.
El autor que contradice a su proyecto de ley
Según el texto del proyecto de ley de amnistía, dentro del alcance de beneficiarios se incluye específicamente a los procesados.
Esta categoría jurídica abarca también a quienes ya fueron condenados con pruebas en primera instancia, pero que han apelado su sentencia en alguna instancia superior.
Por ende, el proyecto de ley establece que estos procesados puedan recibir amnistía.
En resumen, para acceder a este beneficio, los condenados que apelan mantienen técnicamente el estatus de procesados mientras su caso no esté definitivamente cerrado en todas las instancias judiciales.
Adicionalmente, proyecto detalla que todos los condenados con 70 años o más recibirán amnistía automáticamente, sin importar la gravedad del delito cometido o la contundencia de las pruebas en su contra.
Esta disposición significaría que, por ejemplo, si el ex ministro Daniel Urresti contara con 70 años o más, obtendría libertad inmediata bajo esta ley, independientemente de que haya sido hallado culpable con pruebas fehacientes.
En consecuencia, la ley sí beneficia a sentenciados con pruebas de su culpabilidad, contradiciendo directamente las declaraciones públicas de su propio autor. Por lo tanto, la afirmación del congresista Montoya es falsa.