Durante una entrevista con RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre el enfrentamiento armado en Pataz, y afirmó lo siguiente: “No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal, ni mucho menos minería ilegal”.

«La Viñeta» revisó el Código Penal que tipifica la minería ilegal como delito y la normativa específica sobre interdicción de la minería ilegal.

Tras la revisión, se determinó que la afirmación proporcionada por el premier Adrianzén es falsa.

La minería ilegal es un delito

Primero que todo, la minería ilegal está tipificada como delito en el Artículo 307-A del Código Penal. Esto significa que no es simplemente una actividad informal o no regulada, sino una conducta criminal sancionable por ley.

El Estado peruano —que incluye la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial— tiene el deber constitucional y legal de perseguir, investigar y condenar este delito, ya que vulnera la seguridad, según el artículo 44 de la Constitución del Perú. Esta es una obligación fundamental del aparato estatal.

Afirmar que controlar un delito no es obligación del Estado equivale a decir que el Estado no tiene que perseguir ningún crimen.

Marco legal de interdicción

Existe una normativa específica para interdictar la minería ilegal en todo el territorio nacional. Se trata del Decreto Legislativo 110.

Esta regulación faculta y obliga al Estado a realizar acciones concretas como destruir los campamentos mineros ilegales, decomisar maquinaria, incautar insumos y realizar operativos de erradicación.

Que exista un marco de interdicción nacional es evidencia fuerte de que sí hay una obligación legal de control por parte del Estado. 

Otra cosa es que las instituciones lo ejecuten de manera eficiente o deficiente. Pero la obligación existe, está escrita en ley y tiene mecanismos operativos definidos.

Un problema de seguridad

La minería ilegal no es solo «un trabajo informal» o una actividad económica marginal. En muchas zonas del país está directamente ligada a violencia, como la trata de personas, extorsión y control territorial por parte de organizaciones criminales.

Es decir, representa una amenaza directa a la seguridad nacional, al orden público y a los derechos fundamentales de miles de peruanos. Por esta razón, controlarla no es una opción política, sino una obligación del Estado para proteger a su población.

En consecuencia, la afirmación del premier Ernesto Álvarez sobre que controlar la minería ilegal no es obligación del Estado es falsa, ya que existe tipificación penal, un marco normativo de interdicción y una obligación constitucional de perseguir este delito que amenaza la seguridad nacional.