Comisarías no utilizan bodycams para combatir la inseguridad: más de la mitad están guardadas
La Contraloría detectó 69 cámaras corporales almacenadas sin uso en comisarías de Lima, Callao y La Libertad, las regiones más afectadas por la criminalidad. Las principales razones: falta de capacitación técnica y problemas de conectividad.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
Las cámaras corporales, o bodycams, fueron distribuidas a nivel nacional como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizar la transparencia del trabajo policial.
Estos dispositivos están diseñados para registrar en video intervenciones y operativos, generando evidencia oficial sobre el cumplimiento del servicio policial.
Sin embargo, la Contraloría constató que más de la mitad permanecen guardadas en sus cajas originales, sin cumplir su función, precisamente en las regiones que más las necesitan para enfrentar la creciente ola delictiva.
Bodycams sin utilizar
La inspección en once comisarías de Lima y Callao reveló que, de las 75 cámaras entregadas, 41 nunca fueron puestas en funcionamiento. Las causas incluyen ausencia de capacitación para el personal encargado, falta de configuración de los dispositivos de descarga (“docks”) y carencia de pecheras para portar las cámaras durante el servicio.
Además, siete comisarías contaban con estaciones de descarga masiva, pero la mayoría estaban apagadas o desconectadas. En algunos casos, las pantallas mostraban mensajes de alerta como: “la red de la estación de conexión está desconectada”.
Equipos sin uso en La Libertad
En La Libertad, la situación es similar. En nueve comisarías visitadas se entregaron 38 cámaras corporales, de las cuales 28 seguían almacenadas sin uso. El principal obstáculo es, nuevamente, la falta de capacitación técnica del personal policial.
Aunque todas las dependencias contaban con estaciones de carga masiva, varias estaban apagadas o sin conexión.
El problema más grave detectado fue que los equipos no estaban conectados a la plataforma central que recibe y almacena las grabaciones. Así, los videos capturados por las cámaras no se transmitían ni registran en el sistema oficial.
Los dispositivos de descarga masiva apenas mostraban entre 0% y 2% de capacidad ocupada, confirmando que esta tecnología, destinada a reforzar la seguridad ciudadana y supervisar la labor policial, está subutilizada.
Esta desconexión del sistema central impide que las grabaciones funcionen como evidencia en procesos judiciales o para la supervisión policial.
Puedes verificar el informe de control de Contraloría aquí