Centros de Emergencia Mujer no protegieron a niñas víctimas de violencia sexual en Amazonas y San Martín
La Contraloría encontró graves deficiencias en la atención a menores víctimas de agresión sexual en los CEM de estas regiones, especialmente en Condorcanqui, donde 23 funcionarios cometieron errores que dejaron desprotegidas a las víctimas.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
Los Centros de Emergencia Mujer fueron creados para brindar atención integral especializada a víctimas de violencia, especialmente a menores de edad en situaciones de alta vulnerabilidad. Estos centros deben garantizar protección inmediata y seguimiento especializado en casos de violencia sexual.
Sin embargo, la Contraloría identificó que en los CEM de Amazonas y San Martín se pusieron en riesgo la seguridad y recuperación de niñas víctimas de violencia sexual, particularmente en Condorcanqui, una zona crítica por la gravedad de estos casos.
Errores en la primera línea de apoyo
La investigación de la Contraloría detectó errores en el registro de información de las víctimas. Los funcionarios cometieron equivocaciones en datos básicos como nombres, apellidos, fechas de nacimiento e incluso en los números de DNI de las menores afectadas.
Más grave aún, se detectaron errores en la identificación de los agresores, lo que comprometió directamente los procesos de denuncia y las posibilidades de obtener justicia para las víctimas.
Además, los CEM evaluados no cumplieron con brindar la atención integral requerida para casos de violencia sexual contra menores. No se proporcionaron herramientas básicas de apoyo como planes de atención o de seguridad.
Tampoco se entregaron kits de emergencia necesarios para la atención inmediata, ni se activó el contacto con la UGEL para garantizar la continuidad educativa y protección en el entorno escolar de las menores.
Fallas en planes de seguridad
La Contraloría identificó que varios casos no contaron con planes ni cartillas de seguridad para proteger a las víctimas, elementos esenciales para prevenir nuevas agresiones y garantizar la integridad de las menores.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la identificación inadecuada de redes de apoyo familiar. En un caso, se registró como red de apoyo al director del colegio de la víctima, sin evaluar apropiadamente si esta persona constituía efectivamente un soporte seguro.
En otro caso documentado, se identificó como red de apoyo al padre de la víctima, la misma persona que la había obligado a vivir con su agresor.
Funcionarios ausentes
Contraloría detectó una lista de abogados y profesionales especializados que nunca se presentaron para brindar apoyo en los casos de violencia sexual.
Debido a ello, no se habilitaron las medidas de protección correspondientes, dejando a las menores en situación de desamparo judicial.
Las fallas identificadas fueron cometidas por 23 funcionarios públicos de los CEM evaluados. De este total, 16 continúan laborando actualmente en la atención de casos similares.
Puedes revisar el informe de control de la Contraloría aquí