La UGEL de Huancayo frenó denuncias por hostigamiento sexual y dejó casos sin atender hasta por dos años
La Contraloría encontró graves retrasos en la atención de denuncias por hostigamiento sexual en centros educativos de Huancayo, donde trámites que deberían ser rápidos se alargaron hasta casi dos años, dejando a los agresores en las aulas.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
La Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los estudiantes en los centros educativos bajo su jurisdicción, incluyendo la atención inmediata de denuncias por hostigamiento y violencia sexual contra menores.
Sin embargo, la Contraloría identificó fallas en el cumplimiento de plazos para proteger a víctimas de hostigamiento sexual en colegios de la provincia, con casos donde los procedimientos se extendieron por períodos que superan ampliamente los tiempos establecidos en los protocolos.
Retrasos que ponen en riesgo a estudiantes
La Contraloría detectó que la UGEL de Huancayo no cumplió con los plazos establecidos para la atención de denuncias por hostigamiento sexual en varios centros educativos. Los trámites que deberían resolverse de manera rápida se alargaron por meses.
Por ejemplo, un profesor denunciado por hostigamiento sexual permaneció en el aula durante ocho meses antes de ser separado de la institución educativa. Durante este período, el docente mantuvo contacto directo con estudiantes, poniendo en riesgo la seguridad de menores de edad.
Por otro lado, una estudiante víctima de agresión sexual esperó un año y cuatro meses para que se iniciara formalmente la investigación contra su agresor, tiempo durante el cual no recibió la protección necesaria ni se garantizó su seguridad en el entorno educativo.
Otro caso es el de una estudiante que lleva más de un año y siete meses esperando que avance la investigación sobre su denuncia de hostigamiento sexual, sin recibir respuesta alguna de las autoridades educativas.
En varios casos documentados, la UGEL ni siquiera notificó a los estudiantes víctimas sobre el avance o estado de sus denuncias, dejándolos en completa incertidumbre sobre el proceso y sin garantías de protección.
Agresores permanecen en las aulas
Como consecuencia directa de estos retrasos y omisiones, varios agresores denunciados continúan ejerciendo funciones docentes en contacto directo con estudiantes. Esta situación pone en riesgo a la comunidad educativa y puede facilitar nuevos casos de hostigamiento.
Según el informe de la Contraloría, la permanencia de docentes denunciados en las aulas contradice los protocolos de protección que establecen la separación preventiva del presunto agresor mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
Las víctimas, por su parte, permanecen sin obtener justicia y en muchos casos deben continuar asistiendo a centros educativos donde sus agresores mantienen posiciones de autoridad.
Puedes leer a detalle el informe de control de la Contraloría aquí