¿Qué crímenes quedarían impunes con la nueva ley de amnistía aprobada por el Congreso?
Un proyecto legislativo que beneficiará a investigados relacionados con el conflicto interno peruano ha generado alarma entre organismos de derechos humanos. En «La Viñeta» analizamos las implicancias de esta controvertida propuesta que podría liberarlos de una condena por crímenes de lesa humanidad.
Por: Jairo Rodríguez Delgado
El Pleno del Congreso acaba de aprobar el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, una propuesta legislativa que brinda amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en crímenes durante el conflicto interno armado (1980-2000).
Esta iniciativa fue aprobada en julio de 2025, con el supuesto objetivo de brindar facilidades a agentes de la fuerza del orden —en su mayoría veteranos— que presentan una investigación por años; sin embargo, ha encendido las alarmas de organismos internacionales por su potencial impacto en la lucha contra la impunidad en un contexto sensible en la historia del país.
En «La Viñeta» respondemos las principales dudas sobre esta propuesta que podría transformar radicalmente el sistema de justicia peruano en casos de violaciones a los derechos humanos.
📌 ¿Qué tipo de delitos van a quedar impunes con la amnistía?
La ley no se aplica a los denunciados o imputados por los delitos de terrorismo o de corrupción de funcionarios.
Es decir, de aplicarse quedarían amnistiados otros tipos de delitos, incluidos los asociados a vulneraciones al derecho humanos como:
1. Ejecuciones extrajudiciales y masacres de población civil.
2. Desapariciones forzadas de civiles —incluso muchas víctimas aún no han sido localizadas por sus familias—.
3. Torturas sistemáticas cometidas en centros de detención contra presos políticos y campesinos.
4. Violencia sexual perpetrada contra detenidos y población civil durante operativos militares o esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas.
El proyecto opera mediante dos mecanismos que facilitan la impunidad:
El Artículo 1 exime de responsabilidad penal a miembros de las FFAA, la PNP y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme, mientras que el Artículo 2 otorga beneficios especiales para mayores de 70 años que ya tengan sentencia firme.
📌 ¿Cuál fue la justificación de esta ley?
El proyecto fue aprobado bajo el argumento de saldar una deuda moral con veteranos de guerra que participaron en la lucha contra el terrorismo durante el conflicto interno (1980-2000). El autor principal, el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, sostiene que busca reconocer el sacrificio de quienes defendieron la democracia.
Sin embargo, críticos y organismos de derechos humanos señalan que esta justificación ha servido para facilitar la impunidad de crímenes que el derecho internacional considera inadmisibles de amnistía.
📌 ¿A quiénes les ayuda esta ley?
La ley beneficiará a 156 casos con sentencia firme y 600 procesos en curso, representando décadas de trabajo judicial que podrían quedar sin efecto.
Específicamente, la amnistía favorecerá a miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos de la Policía Nacional e integrantes de comités de autodefensa condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad e implicados en violaciones a los derechos humanos.
Además de personas mayores de 70 años con sentencia firme por estos delitos.
📌 ¿Existen leyes con antecedentes parecidos?
Sí. La propuesta se complementa estratégicamente con la Ley 32107, aprobada en agosto de 2024, que establece que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser perseguidos si ocurrieron después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (julio de 2002) y la Convención sobre Imprescriptibilidad (noviembre de 2003).
Esta norma anterior ya había intentado ser utilizada por ex integrantes del grupo Colina en noviembre de 2024, pues evita que los crímenes de los años 80 y 90 sean procesados como delitos de lesa humanidad.
El mecanismo conjunto de ambas leyes permite que crímenes internacionalmente imprescriptibles sean tratados como delitos comunes sujetos a extinguirse según la legislación nacional.
📌 ¿Cuál es el estado actual de la propuesta?
La ley aprobada en el Congreso aún requiere la firma presidencial para su promulgación, lo que representa una última oportunidad para que el Ejecutivo respete los compromisos internacionales.
Algunos congresistas han señalado que podrían aplicar el control de convencionalidad, rechazando la aplicación de estas leyes en casos donde afecte lo acordado en tratados internacionales.
Mientras tanto, las víctimas del conflicto interno y sus familiares esperan que el sistema judicial determine los culpables después de décadas de lucha por el esclarecimiento de estos crímenes.