El innecesario contrato de José Luis Gil en el Ministerio del Interior
Por: Jairo Rodríguez Delgado
Un contrato de 18 mil soles sobre inseguridad ciudadana fue dada de baja por considerarla innecesaria al mismo momento de la renuncia del contratado. El ministerio no buscó reemplazo para un servicio que implicaba el manejo de información clasificada.
En el Ministerio del Interior se gestó un contrato que desafía toda lógica institucional: contratar a un funcionario investigado por corrupción, solo para que su puesto sea eliminado al mismo tiempo que la justicia confirmaba su condena.
José Luis Gil Becerra, exdirector de Inteligencia, fue sentenciado mientras trabajaba para el Ministerio del Interior por utilizar a dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú para fines personales.
A inicios de marzo, firmó un contrato como consultor externo por 18 mil soles. El cargo consistía en analizar la inseguridad ciudadana y mantener comunicación directa con la dirección de inteligencia. Un puesto sensible que exigía el manejo de información clasificada.
La renuncia que borró el contrato
El 24 de abril, Gil Becerra presentó su renuncia al ministerio alegando «motivos personales». Ese mismo día, el Ministerio Público reconfirmó su sentencia por corrupción.
Lo más grave es que el ministerio aceptó la renuncia sin hacer mención alguna a la condena, a pesar de que el contrato establecía que el consultor debía “informar de manera directa y oportuna” cualquier hecho de corrupción del que tuviera conocimiento.
Tras su salida, el ministerio eliminó por completo la necesidad del servicio: no se buscó reemplazo ni se reasignaron funciones. Simplemente desapareció un cargo que, en teoría, era vital para evaluar la seguridad ciudadana.
Con el cierre del puesto, Gil Becerra solo entregó uno de los tres informes pactados, cobrando 6 mil de los 18 mil soles del contrato. Los dos informes restantes, valorizados en 12 mil soles quedaron pendientes tras su renuncia.
En resumen, «La Viñeta» detectó que José Luis Gil Becerra obtuvo un contrato como consultor, renunció por “motivos personales” sin reportar su condena —tal como exigía su contrato—, y el Ministerio del Interior no buscó reemplazo para un puesto que manejaba información confidencial.