El congresista Héctor Valer presentó un proyecto que propone cárcel por usar pirotécnicos en manifestaciones. Sin embargo, estas conductas ya están sancionadas, y el proyecto carece de sustento técnico.
Mientras el país atraviesa una crisis gubernamental, los congresistas realizan actividades proselitistas amparados en una modificación de su propio reglamento que les permite hacer campaña electoral.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, abordó durante su stream la definición política de la palabra caviar a partir de una generalidad. Sin embargo, su experiencia comparte con la narrativa que él mismo intentó argumentar.
El gabinete ministerial de José Jerí se presenta como un gobierno de transición, pero más del 90% de sus ministros ocuparon cargos relevantes durante la gestión de Dina Boluarte.
Al cierre del plazo para que funcionarios renuncien a sus cargos públicos con miras a las elecciones 2026, al menos ocho exministros del gobierno de Dina Boluarte ya cuentan con afiliaciones a partidos políticos.
José Jerí asumió la presidencia de la República y en su mensaje de juramentación dejó entrever que permanecerá en el cargo hasta julio de 2026, contradiciendo sus declaraciones previas.
El hijo y la nuera del hermano de uno de los representantes transportistas obtuvieron contratos con la Municipalidad de Pucayacu por más de 193 mil soles entre 2023 y 2024.
La Policía Nacional del Perú aprobó una resolución que declara reservada hasta agosto de 2030 toda la información de denuncias contenida en sus bases de datos.
Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Fuerza Popular se pronuncian en contra de la nueva ley de AFP tras haber votado a favor de su aprobación en el Congreso.
La familia de Alexander Silva, estrecho colaborador de la rectora Jerí Ramón, se ha beneficiado económicamente durante la actual gestión universitaria.
La Universidad César Vallejo lideró en el último examen para el SERUMS, contrastando con su bajo rendimiento en el ENAM tras muchos años. Esta situación coincide con la gestión del ministro de Salud, César Vásquez, quien desde 2024 ha sido crítico con el modelo de evaluación.
La Viñeta detectó que la empresa de transporte Inversiones y Servicios Múltiples La Nueva Estrella S.A.C. acumuló 995 expedientes administrativos por faltas graves y mantiene operaciones pese a deuda millonaria.
La Viñeta detectó que la universidad ha destinado más de 8.8 millones de soles en publicidad durante la gestión de la rectora Jerí Ramón, incluyendo 14 mil soles para una nota promocional en Caretas que la posiciona como eje central de los logros institucionales.
La Viñeta detectó que Nery del Rosario Querevalú Periche, militante de Alianza de Progreso, obtuvo contratos en el Ministerio de Justicia presentando documentación académica falsa.
La Viñeta detectó que Luis Morocho Alvia, contratado en abril de 2025 como jefe de imagen institucional de la UNMSM, participó en el retiro agresivo de la influencer Marina Gold durante la feria vocacional, cumpliendo funciones que no corresponden a su cargo.
La Viñeta detectó que el Jurado Nacional de Elecciones encontró 165 paneles con la imagen del alcalde de Lima en 7 regiones del país, mientras evalúa casos similares de otros funcionarios que habrían usado sus cargos para promoción electoral.
La Viñeta detectó diferencias significativas en la difusión del caso de Mikhael Correa comparado con otras personas desaparecidas, tras analizar las publicaciones en redes sociales del Ministerio del Interior.
El Congreso ha archivado y paralizado investigaciones por delitos graves a funcionarios relacionados a bancadas políticas con presencia en las comisiones evaluadoras
La Viñeta identificó que el Gobierno Regional de La Libertad transfirió millones de soles a municipalidades locales para mejorar estadios, mercados y pistas en 2024. Sin embargo, varias de estas obras permanecen estancadas.
Existe una brecha entre las capturas realizadas por la Policía Nacional y los ingresos a centros penitenciarios en casos de extorsión. Solo el 30% de los detenidos terminan en prisión.
Un contrato de 18 mil soles sobre inseguridad ciudadana fue dada de baja por considerarla innecesaria al mismo momento de la renuncia del contratado. El ministerio no buscó reemplazo para un servicio que implicaba el manejo de información clasificada.
Una laguna normativa en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) convierte al Congreso en una institución donde es posible percibir sueldos mayores que el de un parlamentario, sin contar con estudios de posgrado completos.
Durante este año, más de 4 mil ciudadanos han pedido desafiliarse de partidos a los que aseguran no haberse inscrito. La Viñeta detectó que agrupaciones que inicialmente no figuraban en las denuncias de las firmas observadas, encabezan ahora las solicitudes por desafiliación.
El Ministerio del Interior infló cifras para proyectar una lucha eficaz contra el crimen organizado, cuando en realidad la mayoría de los detenidos no representan una amenaza grave a la seguridad ciudadana. Las faltas menores no asociadas a la criminalidad —como conducir en estado de ebriedad— concentran casi el 40 % del total.
El alcalde de Lima se comprometió a instalar 100 mil cámaras en toda Lima Metropolitana; sin embargo, la municipalidad solo administra 197 en su jurisdicción, no tiene competencia para instalarlos en los demás distritos y, en total, apenas existen unas 4 mil cámaras en todo el área metropolitana.
Más de 50 agentes investigados por extorsión y vínculos con la criminalidad siguen en actividad, 57 cuentan con sentencias vigentes por delitos que van desde desobediencia hasta violación sexual, y solo 17 efectivos fueron separados en 2024, la cifra más baja de los últimos tres años.
Entre 2020 y septiembre de 2024, Qali Warma acumuló 645 denuncias por presencia de gusanos, gasa, óxido y otros contaminantes en sus raciones escolares. A pesar de los históricos sancionamientos, proveedores con antecedentes de insalubridad mantuvieron contratos sin que se aplicaran medidas de control ni transparencia efectivas.
Los cuatro vehículos oficiales asignados al despacho del alcalde carecen de registros públicos de sus desplazamientos, por lo que, a la fecha, es imposible saber dónde se encuentran y adónde viajan.
Desde 2024, la Municipalidad de Lima y la Oficina General de Comunicaciones han implementado un monitoreo exprés de medios para proteger su imagen institucional y la del alcalde Rafael López Aliaga: cualquier queja o crítica publicada debe ser reportada en un máximo de 15 minutos, en lugar del informe diario habitual.