Un contrato de 18 mil soles sobre inseguridad ciudadana fue dada de baja por considerarla innecesaria al mismo momento de la renuncia del contratado. El ministerio no buscó reemplazo para un servicio que implicaba el manejo de información clasificada.
Una laguna normativa en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) convierte al Congreso en una institución donde es posible percibir sueldos mayores que el de un parlamentario, sin contar con estudios de posgrado completos.
Durante este año, más de 4 mil ciudadanos han pedido desafiliarse de partidos a los que aseguran no haberse inscrito. La Viñeta detectó que agrupaciones que inicialmente no figuraban en las denuncias de las firmas observadas, encabezan ahora las solicitudes por desafiliación.
El Ministerio del Interior infló cifras para proyectar una lucha eficaz contra el crimen organizado, cuando en realidad la mayoría de los detenidos no representan una amenaza grave a la seguridad ciudadana. Las faltas menores no asociadas a la criminalidad —como conducir en estado de ebriedad— concentran casi el 40 % del total.
El alcalde de Lima se comprometió a instalar 100 mil cámaras en toda Lima Metropolitana; sin embargo, la municipalidad solo administra 197 en su jurisdicción, no tiene competencia para instalarlos en los demás distritos y, en total, apenas existen unas 4 mil cámaras en todo el área metropolitana.
Más de 50 agentes investigados por extorsión y vínculos con la criminalidad siguen en actividad, 57 cuentan con sentencias vigentes por delitos que van desde desobediencia hasta violación sexual, y solo 17 efectivos fueron separados en 2024, la cifra más baja de los últimos tres años.
Entre 2020 y septiembre de 2024, Qali Warma acumuló 645 denuncias por presencia de gusanos, gasa, óxido y otros contaminantes en sus raciones escolares. A pesar de los históricos sancionamientos, proveedores con antecedentes de insalubridad mantuvieron contratos sin que se aplicaran medidas de control ni transparencia efectivas.
Los cuatro vehículos oficiales asignados al despacho del alcalde carecen de registros públicos de sus desplazamientos, por lo que, a la fecha, es imposible saber dónde se encuentran y adónde viajan.
Desde 2024, la Municipalidad de Lima y la Oficina General de Comunicaciones han implementado un monitoreo exprés de medios para proteger su imagen institucional y la del alcalde Rafael López Aliaga: cualquier queja o crítica publicada debe ser reportada en un máximo de 15 minutos, en lugar del informe diario habitual.
Dos leyes contradictorias facilitan el incremento que supera en 9 mil soles el límite establecido.
Un contrato de 18 mil soles sobre inseguridad ciudadana fue dada de baja por considerarla innecesaria al mismo momento de la renuncia del contratado. El ministerio no buscó reemplazo para un servicio que implicaba el manejo de información clasificada.
Una laguna normativa en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) convierte al Congreso en una institución donde es posible percibir sueldos mayores que el de un parlamentario, sin contar con estudios de posgrado completos.
Durante este año, más de 4 mil ciudadanos han pedido desafiliarse de partidos a los que aseguran no haberse inscrito. La Viñeta detectó que agrupaciones que inicialmente no figuraban en las denuncias de las firmas observadas, encabezan ahora las solicitudes por desafiliación.
El Ministerio del Interior infló cifras para proyectar una lucha eficaz contra el crimen organizado, cuando en realidad la mayoría de los detenidos no representan una amenaza grave a la seguridad ciudadana. Las faltas menores no asociadas a la criminalidad —como conducir en estado de ebriedad— concentran casi el 40 % del total.
El alcalde de Lima se comprometió a instalar 100 mil cámaras en toda Lima Metropolitana; sin embargo, la municipalidad solo administra 197 en su jurisdicción, no tiene competencia para instalarlos en los demás distritos y, en total, apenas existen unas 4 mil cámaras en todo el área metropolitana.
Más de 50 agentes investigados por extorsión y vínculos con la criminalidad siguen en actividad, 57 cuentan con sentencias vigentes por delitos que van desde desobediencia hasta violación sexual, y solo 17 efectivos fueron separados en 2024, la cifra más baja de los últimos tres años.
Entre 2020 y septiembre de 2024, Qali Warma acumuló 645 denuncias por presencia de gusanos, gasa, óxido y otros contaminantes en sus raciones escolares. A pesar de los históricos sancionamientos, proveedores con antecedentes de insalubridad mantuvieron contratos sin que se aplicaran medidas de control ni transparencia efectivas.
Los cuatro vehículos oficiales asignados al despacho del alcalde carecen de registros públicos de sus desplazamientos, por lo que, a la fecha, es imposible saber dónde se encuentran y adónde viajan.
Desde 2024, la Municipalidad de Lima y la Oficina General de Comunicaciones han implementado un monitoreo exprés de medios para proteger su imagen institucional y la del alcalde Rafael López Aliaga: cualquier queja o crítica publicada debe ser reportada en un máximo de 15 minutos, en lugar del informe diario habitual.