La abogada penalista Giovanna Vélez Fernández renunció a su cargo como asesora del Ministerio del Interior en circunstancias que ella describe como una represalia política vinculada a su denuncia por plagio contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La controversia pública —y mediática— se centró en el uso del término «conflicto armado interno» en su tesis de maestría; sin embargo, tanto el documento académico y la secuencia de eventos evidencian una narrativa sobre presiones políticas.

El caso expone las tensiones entre libertad académica, denuncias contra autoridades y presiones políticas en la designación de funcionarios públicos, además del uso de trabajos académicos como herramientas de descalificación política.

La secuencia de eventos

Giovanna Vélez presentó su renuncia el mismo día en que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, participó en una entrevista televisiva en el programa de Willax.

Durante la transmisión, el ministro justificó públicamente la salida de la asesora alegando el uso del término «conflicto armado interno» en su tesis de maestría.

La resolución se emitió ese viernes, formalizando un proceso que, según la abogada, no respondió a razones académicas sino a presiones políticas.

Vélez sostiene que la solicitud de renuncia no fue directa: se le transmitió a través de otro funcionario, bajo la versión de que existía presión desde un sector del Congreso y acusaciones de supuestos vínculos con el Instituto de Defensa Legal, alimentadas por publicaciones en redes sociales sin sustento.

«Ese no fue el argumento real», afirma Vélez. «En ningún momento se me pidió la renuncia por mi tesis, sino por estas presuntas presiones políticas. Recién en la versión pública del ministro se usó como excusa mi trabajo académico.»

El contenido real de la tesis

La tesis de maestría de Giovanna Vélez es un documento público, accesible en el repositorio académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El trabajo se centra en proponer un sistema único de registro de víctimas de desaparición forzada en el Perú, inspirado en estándares de derecho internacional humanitario y experiencias comparadas de otros países, como Colombia.

El uso del término «conflicto armado interno» y su marco conceptual no niega la existencia del terrorismo en el Perú sino que proporciona categorías jurídicas reconocidas internacionalmente para el análisis de violaciones de derechos humanos.

Además, Vélez señala que su trabajo hace referencia expresa a la política de eliminación del terrorismo contenida en el Acuerdo Nacional, específicamente al acuerdo 30 sobre la verdadera reconciliación nacional y las reparaciones. 

La tesis reconoce que las desapariciones forzadas durante el período de violencia fueron perpetradas tanto por funcionarios del Estado como por grupos terroristas, adoptando una perspectiva integral sobre las víctimas sin distinción de quién fue el perpetrador.

La descontextualización mediática

Vélez sostiene que el programa televisivo, y el ministro, recortaron y descontextualizaron el primer párrafo de su tesis para presentarla como si relativizara el terrorismo, omitiendo que en el propio trabajo se hace referencia expresa a las obligaciones del Estado frente a crímenes de lesa humanidad y a las políticas de lucha contra el terrorismo.

«Utilizan solo el primer párrafo de mi tesis para construir un argumento falso sobre mi ideología», denuncia la abogada. «Si el ministro y la conductora están tan interesados en mis publicaciones, deberían leerlas completas; parece que ni siquiera leen bien lo que afirman.»

Esta práctica de extraer fragmentos aislados de trabajos académicos para construir narrativas políticas representa un riesgo para la libertad académica y la posibilidad de que profesionales con producción intelectual rigurosa puedan servir en el Estado sin que sus trabajos sean utilizados como herramientas de descalificación.

Los antecedentes profesionales

La designación de Vélez como asesora cumplía con todos los requisitos legales y de idoneidad establecidos por la normativa de función pública. La abogada contaba con experiencia específica en el sector, títulos habilitantes y no registraba sanciones.

Vélez había ocupado el mismo cargo de asesora en el Ministerio del Interior en dos ocasiones anteriores, durante 2020 y 2023 — evidentemente después de la presentación de su tesis de maestría—. En ninguna de esas ocasiones su trabajo académico fue cuestionado ni se consideró incompatible con el ejercicio del cargo.

Esta trayectoria previa desmiente la narrativa de que la tesis constituía un impedimento per se para el desempeño del cargo, y refuerza la hipótesis de que el cuestionamiento respondió a factores políticos coyunturales y no a consideraciones técnicas o académicas.

El vínculo con la denuncia contra Benavides

La abogada establece una conexión directa entre su salida y su denuncia por plagio académico contra Patricia Benavides, presentada cuando esta última se desempeñaba como fiscal de la Nación.

«La salida para mí evidentemente es una represalia por la denuncia que yo hice a Patricia Benavides», afirma Vélez. «Por eso es que del Congreso presuntamente habría habido una presión para mi salida.»

Esta secuencia —denuncia contra una alta autoridad, seguida de presiones políticas desde el Congreso y finalmente la salida del cargo convertida en espectáculo mediático— sugiere una represalia contra funcionarios que denuncian irregularidades en altas esferas del poder.

Vélez anticipa que, tras este episodio, será difícil continuar trabajando en el Estado pese a su trayectoria profesional: denunciar irregularidades de altas autoridades puede tener costos profesionales significativos.

«Es realmente un acto cobarde haberse prestado para un show mediático de esa naturaleza».