¿Qué son las leyes pro-crimen y por qué se pide su derogatoria?

Las denominadas «leyes pro-crimen» son un conjunto de normas aprobadas por el Congreso de la República. Según fiscales, jueces y especialistas en seguridad ciudadana, han debilitado significativamente las herramientas legales para investigar y sancionar delitos graves como la criminalidad organizada, la corrupción y la minería ilegal.

Estas leyes modificaron aspectos cruciales del Código Penal y del Código Procesal Penal, lo que limita la capacidad de acción en labores de investigación y persecución del delito.

En «La Viñeta» explicamos qué establece cada una de estas normas y por qué organismos como la Fiscalía de la Nación han solicitado su derogatoria.

📌 ¿Qué son las «leyes Soto» y cómo afectan las investigaciones?

Las leyes 31751 y 32104, conocidas como «leyes Soto» por haber sido impulsadas por el congresista Flavio Cruz Mamani de Perú Libre —pero popularmente asociadas al caso de Alejandro Soto, por ser uno de los primeros en beneficiarse de la ley—, modificaron los plazos de prescripción de delitos.

Estas leyes establecen que los delitos prescriben o caducan más rápido antes de que se emita una sentencia definitiva. En la práctica, esto significa que las investigaciones complejas —que naturalmente requieren más tiempo— tienen mayores probabilidades de quedar sin sanción debido al vencimiento de los plazos.

Uno de los personajes políticos, quien intentó beneficiarse de esta ley, fue el fundador del mismo partido de sus autores, Vladimir Cerrón.

📌 ¿Cómo cambió el sistema de colaboración eficaz?

La ley 31990 reformuló el proceso de colaboración eficaz, una herramienta fundamental para desarticular organizaciones criminales mediante el testimonio de miembros que deciden cooperar con la justicia a cambio de beneficios procesales.

Con la nueva norma, el trámite para procesar a un colaborador eficaz se vuelve más dilatado y complejo por la incorporación de nuevos requisitos. Mientras que paradójicamente los plazos para concretar los acuerdos se acortan.

Esta combinación genera que el proceso sea más lento y burocrático, reduciendo su efectividad como herramienta de investigación.

📌 ¿Qué establece la Ley 31989 sobre minería ilegal?

Esta norma restringe significativamente las facultades del Estado para incautar materiales, equipos y maquinaria vinculados a actividades de minería ilegal.

La ley establece requisitos más estrictos y procedimientos más complejos para realizar estas incautaciones, incluso cuando los equipos están siendo utilizados en operaciones ilegales que causan daño ambiental y social en zonas como Madre de Dios, Puno o el sur del país.

El efecto práctico es que los operadores de minería ilegal tienen mayor margen de acción, ya que las autoridades enfrentan más obstáculos legales para intervenir y desmantelar sus operaciones, a pesar del evidente daño ecológico que generan.

📌 ¿Cómo afecta la Ley 32108 a las investigaciones de crimen organizado?

La ley 32108 introdujo dos cambios sustanciales en la persecución del crimen organizado:

Primero, redefine lo que constituye una «organización criminal» con requisitos más altos y más difíciles de acreditar. Esto significa que bandas y redes delictivas que antes calificaban como organizaciones criminales ahora pueden ser procesadas por delitos menores con penas más bajas.

Segundo, formaliza la presencia obligatoria del investigado y su abogado durante los allanamientos al inicio de un allanamiento. Si bien esto puede verse como una garantía del debido proceso, en la práctica genera que los operativos pierdan el elemento sorpresa y permite que los investigados tengan tiempo para ocultar o destruir evidencia antes de que las autoridades ingresen al inmueble.

📌 ¿Qué cambia la Ley 32130 en las investigaciones preliminares?

Esta norma transfiere la conducción operativa de la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú.

Anteriormente, el fiscal dirigía la investigación desde las primeras diligencias, lo que permitía una coordinación estratégica y el uso oportuno de herramientas legales especializadas. Con la nueva ley, el rol del Ministerio Público queda limitado a una función jurídica más distante.

Este cambio ha generado preocupación en la Fiscalía de la Nación. Argumenta que debilita la conducción de las investigaciones en su etapa más crítica. Cuando se recopilan las primeras evidencias y se definen las líneas de investigación.

📌 ¿Qué excluye la Ley 32138 del crimen organizado?

La ley 32138 establece que delitos sancionados con pena privativa de libertad menor de cinco años ya no son competencia, o no pueden ser procesados dentro del marco de una organización criminal. Entre ellos, algunos delitos de fraude a la administración pública.

Esta exclusión es relevante porque estos delitos son comunes en redes de corrupción que operan de manera organizada dentro del Estado. Al sacarlo del ámbito del crimen organizado, estos casos se procesan con penas menores y sin las herramientas especiales de investigación reservadas para organizaciones criminales.

El efecto es que redes corruptas enquistadas en el aparato estatal tienen menor riesgo de ser desarticuladas y sancionadas severamente.

📌 ¿Qué protección otorga la Ley 32181 a policías?

La ley 32181 no permite que efectivos policiales que causen lesiones o muertes mediante el uso de armas de fuego se les detenga preliminarmente, siempre que hayan actuado dentro del marco reglamentario establecido.

Si bien la norma busca proteger a policías que actúan legítimamente en cumplimiento de su deber, se limita la posibilidad de investigar y sancionar casos de uso excesivo de la fuerza o abusos de autoridad.

La falta de mecanismos de rendición de cuentas efectivos puede generar un ambiente de impunidad que debilite la confianza ciudadana en las instituciones policiales y facilite abusos contra la población civil.

📌 ¿Cuál es el balance sobre estas leyes?

Este paquete de leyes ha limitado significativamente las herramientas de investigación criminal y ha facilitado la impunidad mediante un marco legal que favorece a investigados por delitos graves.

La discusión central es si estas leyes representan un equilibrio adecuado entre garantías procesales y eficacia en la persecución del delito, o si constituyen un retroceso que beneficia principalmente a investigados por corrupción y criminalidad organizada.